Sección digital Entrevistas

Entrevista a Teresa Freixes

Catedrática de Derecho Constitucional
Catedrática Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo
Réseau UE d´experts indépendents en matière de droits fundamentau

Por Eva Martínez Sampere

 

Eva Martínez Sampere: A lo largo de su vida, tan llena de logros, ¿cuáles son sus mayores satisfacciones y las mayores dificultades que ha tenido que superar?

Teresa Freixes: Las satisfacciones van relacionadas con el progreso personal y profesional de quienes me rodean y con los avances, aunque sean escasos y relativos, de la democracia, los derechos humanos y la igualdad. Las mayores dificultades siempre han estado relacionadas con poder compatibilizar la vida profesional con la vida familiar, puesto que muchas veces han ido por caminos no precisamente fáciles.

E.M.S. ¿Qué problemas ve en la democracia española, tras treinta años de Estado Constitucional? ¿Cuáles considera que son los mayores retos a los que se enfrenta?

T.F. ¿Problemas? Pues muchos. Principalmente el descrédito de “lo político”, que ha originado un alejamiento tremendo entre la ciudadanía y la toma de decisión. Vemos como los índices de participación bajan constantemente. Y no sólo en las elecciones europeas, que son las que tienen peores resultados, también en referéndums como el del Estatuto de Autonomía y Cataluña, que no obtuvo el 50% de participación. Estamos ante una crisis de legitimidad, una crisis de valores, además de una crisis económica y me temo que quienes nos gobiernan (en todos los niveles) no dan con los “remedios” que necesitaríamos.

E.M.S. En su opinión, ¿cuáles son los mayores avances en la igualdad de mujeres y hombres habidos en España? 

T.F. Legalmente hemos avanzado mucho. Hemos ido adaptando el sistema jurídico a la normativa europea, a veces con dificultades, y en general la lucha contra las discriminaciones también cuenta con buenos instrumentos legales. Pero en la práctica continuamos con problemas. Tenemos representación equilibrada, pero las listas continúan estando bloqueadas y continúan siendo las cúpulas de los partidos quienes deciden quienes tienen que estar en ellas y con qué orden. Yo prefiero el desbloqueo de las listas y que cada persona “se gane” el escaño (quizás la ciudadanía se acercaría más a la política si las personas que se dedican a ella tuvieran que “rendir cuentas” no sólo ante la dirección del partido, sino también ante el electorado). Ya sé que esto no es “políticamente correcto”, pero después de comprobar in situ la experiencia de los países nórdicos, donde el desbloqueo de las listas es la norma general, y dónde las mujeres no pierden posición política, sino que la ganan, por su gestión y dedicación, me inclino por considerar que la democracia funciona mejor cuando quienes eligen y quienes obtienen los cargos “dialogan” mediante un voto más pensado (¡qué remedio! Hay que “reordenar” la lista).

E.M.S. ¿Y los principales retos pendientes?

T.F. Especialmente, el “techo de cristal” profesional que continúa impidiendo que muchas mujeres accedan a puestos que les corresponderían con toda justicia y los déficits que todavía tenemos en relación con la conciliación entre la vida profesional y familiar. Ahí incluyo, como reto pendiente, el cambio de mentalidad que la corresponsabilidad en la vida privada tiene que comportar para que realmente se pueda vivir “en igualdad”.

E.M.S. ¿Le parece satisfactoria la actual configuración del Estado de las Autonomías? ¿Cree que es materialmente un Estado federal? ¿Considera que funcionaría mejor si formalmente fuera un Estado federal?

T.F. El federalismo es una forma racional de organizar los distintos niveles de toma de decisión. Yo soy federalista europea y también soy partidaria del federalismo a nivel interno. Lo malo del caso es que lo racional y lo político están muchas veces reñidos, cuando la cooperación entre todos los niveles de decisión (europeo, nacional y regional) son imprescindibles para una buena “gobernanza” en todos los ámbitos.

E.M.S. Como Experta jurídica de la Unión Europea, ¿cuál es su valoración de la transversalidad o mainstreaming de género, y de las políticas específicas de la Unión Europea  para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres?

T.F. La Union Europea ha hecho mucho por la igualdad. Su legislación ha sido imprescindible, especialmente en el sur de Europa, para que el estatuto jurídico de las mujeres dejara de ser discriminatorio. Desde el Tratado de Amsterdam, el mainstreaming está presente en las políticas europeas, aunque a veces las directivas no se transponen correctamente en el ámbito interno. La última directiva adoptada, la que introduce la igualdad en el uso y consumo de bienes y servicios podría ser, si se transpusiera correctamente, una revolución porque “uso y consumo” de “bienes y servicios” ¡es todo lo que afecta a la vida de las personas a nivel material!. Alcanza al crédito, la propiedad, la banca, el transporte, las telecomunicaciones, etc. etc. etc. Pero tenemos también un problema fundamental: el desconocimiento que la mayor parte de la población (y de la clase política también) tienen acerca del contenido de las normas y la jurisprudencia europeas. Y lo que no se conoce… ¿cómo va a ser exigido? ¿Cómo va a ser denunciada su no aplicación si no se sabe que se tienen tales derechos?

E.M.S. ¿Cuál su valoración del momento actual en el camino de la construcción europea? ¿Considera que se ha estancado? ¿Opina que la regresión identitaria va ganando terreno por el miedo al futuro? ¿No es esto un peligro para la convivencia democrática?

T.F. En Europa estamos ante una de las etapas cruciales en su crecimiento. Hemos ampliado la Unión a 27 Estados, y han entrado los del bloque del Este, muy legítimamente, pero la ampliación ha tenido su coste, no sólo económico sino también en el ámbito de la toma de decisión. No conseguimos que entrara en vigor la Constitución europea. Ahora estamos pendientes de que Irlanda vuelva a votar el Tratado de Lisboa y de que el Presidente de la República Checa decida firmarlo. Las próximas elecciones del 7 de junio son un hito importantísimo, porque el nuevo Parlamento Europeo tendrá que afrontar el nombramiento de una nueva Comisión Europea e impulsar que Lisboa entre en vigor lo antes posible. Pero existen fuerzas políticas anti Unión Europea (algunas “disfrazadas” que la rechazan porque dicen que quieren una “Europa más democrática”, con un presidente elegido por la población… pero con menos poder europeo, porque continúan defendiendo la soberanía de los Estados).

E.M.S. A su juicio, ¿cuáles son los problemas qué habría que resolver en primer lugar para el mejor funcionamiento de la Unión Europea?

T.F. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa puede ser un revulsivo. Con este Tratado, la Carta de los Derechos Fundamentales tendrá fuerza vinculante a todos los efectos, la Unión Europea deberá ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y será controlada por el Tribunal de Estrasburgo, el Parlamento europeo (que es el único órgano elegido directamente por la población, por cierto como en todos los regímenes parlamentarios) será colegislador en muchos más ámbitos, Europa estará sujeta al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas, y el principio de subsidiariedad obligará a establecer mecanismos de colaboración entre el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los parlamentos regionales con competencias legislativas.

Pero creo que el problema mayor que tiene la Unión Europea es que no ha sabido comunicar qué es ni cómo funciona a la ciudadanía. Sería muy importante que en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación, en vez de sólo informar de los “rifirrafes” entre políticos locales (que es a lo que más de dedican estos últimos) se hablara cotidianamente de la labor de la Unión Europea y de cómo establece la colaboración y el apoyo a los Estados miembros.

E.M.S. En el contexto de la actual crisis económica global, ¿cree que la Unión Europea debe llevar a cabo más políticas sociales? ¿Considera que hay que profundizar aún más en el llamado modelo social europeo?

T.F. La Unión Europea sólo tiene competencias de apoyo y coordinación en relación con la política social. Ello es así porque los gobiernos no han querido que las políticas sociales sean competencia de la Unión. De este modo, los Estados son los responsables, cada uno de ellos, del nivel de las prestaciones que otorgan a los ciudadanos. Y la Unión Europea puede “apoyar” y para ello tiene fondos, como el Fondo Social Europeo, que complementa la acción de los Estados. Pero la política social la deciden los Estados y la continuarán decidiendo, porque en el Tratado de Lisboa no se pudo atribuir mayor nivel competencial a la UE. En este contexto, lo que llamamos “modelo social europeo” es el que resulta como standard general, de las políticas sociales desarrolladas por los Estados miembros. Afortunadamente, en esta acción de “apoyo” el Parlamento Europeo ha tenido intervenciones muy adecuadas, como los cambios que consiguió en la directiva de servicios para hacerla más compatible con las exigencias sociales o paralizando la propuesta de directiva de ampliación voluntaria de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales. 

E.M.S. ¿Opina que se están sentando las bases para una democratización social en América Latina? ¿Considera indispensables las políticas sociales en sanidad, educación y desarrollo sostenible?

T.F. No lo sé. Más bien creo que la igualdad está retrocediendo en América Latina, al menos en los países en los que se han creado nuevos sistemas jurídicos fundamentados en la raza o etnia, justificando la aplicación de normas distintas según se pertenezca a una u otra comunidad dentro del mismo país, aunque con ello se vulneren derechos importantísimos, como son las garantías procesales que tanto nos ha costado construir frente a los poderosos. No soy nada optimista al respecto, porque para mí la persona debe estar en el centro del ordenamiento y no el colectivo (se han cometido tantos atropellos en nombre de los colectivos….).

Es muy difícil avanzar en sanidad, educación y desarrollo sostenible si no se sientan criterios racionales, instrumentos de igualdad general y garantía de libertad para todos. Y en la otra orilla del Atlántico, los últimos procesos constituyentes han traído más conflicto que paz social. Me gustaría equivocarme al respecto, pero sin dar eficacia al Estado de Derecho, a la democracia y a los derechos fundamentales (en igualdad, por supuesto, y no sólo de género, aunque también) los avances sociales van a estar cada vez más en entredicho.

E.M.S. Ante los graves obstáculos sociales, económicos y de costumbres –mal llamados “culturales”- para la igualdad o equidad de género en América Latina, ¿cuáles serían las tareas más urgentes que tendrían que llevar a cabo los poderes públicos?

T.F. En la respuesta a la pregunta anterior están las claves. Más educación en igualdad, más garantía del Estado de Derecho, para todos y en todos los ámbitos, más respeto a la libertad de la persona. Pensar en aplicar medidas de “Estado social” sin estos presupuestos es totalmente utópico, porque la igualdad no puede ser igualitarismo ni puede exigirse sólo para unos cuantos (sean la mayoría o las minorías).

E.M.S. ¿En qué medida influyen las decisiones de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos en la mejora de las condiciones democráticas de la población de los países sujetos a su jurisdicción? 

T.F. Si las tomaran realmente en serio, y les dieran la eficacia jurídica debida, muchas cosas mejorarían. Aunque también aquí existen dificultades, porque el sistema interamericano tiene un “filtro” que es más político que jurídico en muchas ocasiones. La Comisión interamericana o los Estados acusados son quienes tienen legitimación para derivar el caso a la Corte y ello impide que la ciudadanía sea sujeto activo directo ante esta jurisdicción. Antes en Europa era igual, pero hace ya una década que se suprimió la Comisión y las víctimas de violaciones de derechos, una vez agotados los recursos internos pertinentes y razonables, pueden interponer directamente las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es que con ello se resuelvan todos los problemas, pero en muchos casos, ha sido por la acción de este tribunal que se ha podido dar una respuesta adecuada a problemas muy complejos.

E.M.S. A su juicio, ¿debería reforzarse la cooperación internacional en Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de los Estados Iberoamericanos y otras organizaciones supranacionales ante la crisis económica global? ¿Habría que elaborar  instrumentos jurídicos para regular la economía financiera? ¿Considera una buena idea la implantación de la tasa Tobin?  ¿Cree que existe voluntad política internacional para eliminar los paraísos fiscales?

T.F. Podría decir que sí a todo y terminar sin más…. Lo cierto es que si no nos tomamos en serio la crisis (no sólo la crisis económica, sino la crisis de la política, la crisis de los valores…) no saldremos de ésta. Yo siempre tengo un punto de optimismo, aunque en estos momentos, me cuesta expresarlo, porque no acabo de ver que exista verdaderamente una voluntad clara en este sentido.