El desarrollo y el impulso de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas en los campos de la inform\u00e1tica y las telecomunicaciones, son ya un hecho consolidado, que afecta tanto a la sociedad como a los poderes p\u00fablicos, siendo \u00e9stos los responsables de generar confianza en el uso global por parte de la ciudadan\u00eda de los medios tecnol\u00f3gicos en sus relaciones con la Administraci\u00f3n P\u00fablica. Para ello, dichos medios deben ser seguros, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informaci\u00f3n y de los servicios telem\u00e1ticos en los que se apoya, permitiendo tanto a la ciudadan\u00eda como a las Administraciones P\u00fablicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a trav\u00e9s de estos medios.<\/p>\n
En este sentido, la Ley Org\u00e1nica 5\/2007, de 20 de abril V\u00ednculo a legislaci\u00f3n, de reforma del Estatuto de Autonom\u00eda de Arag\u00f3n, en su art\u00edculo 28.2, establece que los poderes p\u00fablicos deber\u00e1n promover las condiciones que garanticen en el territorio de Arag\u00f3n el acceso sin discriminaciones a los servicios audiovisuales y a las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
La Ley 11\/2007, de 22 de junio V\u00ednculo a legislaci\u00f3n, de acceso electr\u00f3nico de los ciudadanos a los Servicios P\u00fablicos, se\u00f1ala entre sus fines el crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electr\u00f3nicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservaci\u00f3n de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal, por medio de la garant\u00eda de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electr\u00f3nicos.<\/p>\n
Del mismo modo, la Ley Org\u00e1nica 15\/1999, de 13 de diciembre V\u00ednculo a legislaci\u00f3n, de Protecci\u00f3n de Datos de Car\u00e1cter Personal, as\u00ed como su Reglamento de Desarrollo 1720\/2007, aportan criterios para establecer la proporcionalidad entre las medidas de seguridad y la informaci\u00f3n a proteger, informaci\u00f3n que en el caso del Servicio Aragon\u00e9s de Salud es en su mayor parte de nivel alto, seg\u00fan la citada ley org\u00e1nica, siendo por ello mayor el celo y la necesidad de implementar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Estos fines han sido definidos y desarrollados por el Real Decreto 3\/2010, de 8 de enero V\u00ednculo a legislaci\u00f3n, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n Electr\u00f3nica. Es precisamente en esta norma donde, en su art\u00edculo 11, se establece que todos los \u00f3rganos superiores de las Administraciones P\u00fablicas deber\u00e1n contar con una Pol\u00edtica de Seguridad, as\u00ed como con un comit\u00e9 de seguridad de la informaci\u00f3n y un responsable de seguridad.A estos efectos, conforme a lo establecido en el mismo art\u00edculo, se consideran \u00f3rganos superiores, los responsables directos de la ejecuci\u00f3n de la acci\u00f3n del gobierno, central, auton\u00f3mico o local, en un sector de actividad espec\u00edfico.<\/p>\n
Orden de 16 de marzo de 2015, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se aprueba la Pol\u00edtica de Seguridad de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y la Comunicaci\u00f3n en el Servicio Aragon\u00e9s de Salud y se crean el Comit\u00e9 de Seguridad de la Informaci\u00f3n y la figura del Responsable de Seguridad (BOA de 14 de abril de 2015).<\/p>\n
FUENTE: www.iustel.com\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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