El gobierno está realizando una propuesta de Ley de Servicios Profesionales que elimina la exclusividad que actualmente tienen los arquitectos para realizar proyectos y dirigir obras de usos administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, entrando a compartir estas atribuciones con el conjunto de los ingenieros.
El panorama que dibuja esta reforma unido a la situación de crisis general del país y a la debilidad en la que se encuentra la titulación actualmente, tras su fractura en 5 años de grado más 1 año de master así como la pérdida del nombre Arquitecto de nuestro título universitario, plantea un horizonte nefasto para los jóvenes y futuros arquitectos y para la calidad de la arquitectura que se produzca en este país.
Actualmente, las atribuciones profesionales son el reconocimiento directo de las competencias adquiridas en el Título Universitario. En el ámbito de la Edificación, la LOE regula el reparto de atribuciones entre arquitectos y las ingenierías en función de la formación que obtienen con su título.
El hecho de que hasta ahora los arquitectos hayan sido los únicos profesionales que pueden realizar proyectos y obras de determinados usos responde a que son los únicos profesionales con la formación adecuada para hacerlo. Los arquitectos, a diferencia de los ingenieros, tenemos en nuestros planes de estudio las materias vinculadas a la realización y ejecución de proyectos arquitectónicos, tanto en su dimensión técnica como social, cultural, económica y medioambiental.
Esto ha sido una cuestión fundamental en la renovación de las enseñanzas en el proceso de Bolonia, apostando por el desarrollo de lo específico que nos define como profesionales: el perfil generalista frente a la especialización y la capacidad de síntesis e integración dentro de un ámbito de conocimientos amplios, complejos y multidisciplinares.
El Taller de Arquitectura incorporado en el Plan de Estudios de Sevilla apuesta por lo específico que define nuestra disciplina: hacer Arquitectura en sus diferentes dimensiones, dedicando cada curso a trabajar específicamente sobre la vivienda unifamiliar y plurifamiliar, los equipamientos, la ciudad, etc… tal y como queda reflejado en los epígrafes de cada cuatrimestre. A través de la participación, coordinación, integración y síntesis de los conocimientos fragmentados en las distintas asignaturas se construye un espacio y un tiempo en el Taller donde profesores y estudiantes hacen arquitectura.
El Gobierno justifica esta reforma en el campo de las atribuciones profesionales basándose en que si las ingenierías tienen la formación para la realización de una determinada edificación (naves industriales, alcantarillados, puentes, etc.) deberían poder realizar cualquier tipo de edificación. Esto refleja un total desconocimiento del problema arquitectónico conscientemente intencionado; obviando el bienestar y el progreso de la población y llevando hasta las últimas consecuencias el modelo ya agotado de la burbuja inmobiliaria y de los grandes consultings de ingeniería.
Sin embargo, la incidencia social, cultural y medioambiental de la actividad arquitectónica justifica que, a diferencia de las ingenierías, exista una regulación europea desde el año 1985 (Directiva Europea) que establece los contenidos mínimos de la formación universitaria que da acceso a la profesión de Arquitecto en Europa. Marco regulatorio que solo afecta a las profesiones sanitarias (médicos, enfermeros, etc.) y a la arquitectura, debido a la gran incidencia sobre los intereses colectivos de la ciudadanía, tal y como cita en su art. 27:
«La creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público».
De aquí se deriva que esta ley no solo ataca a los arquitectos actuales y a los futuros en el desarrollo de su trabajo profesional, sino que incide directamente sobre los intereses colectivos, ya que permitirá que profesionales que no tienen una formación específica en materia arquitectónica puedan realizar cualquier tipo de obras de edificación, lo que conduce a nuestras ciudades hacia el escenario de lo especulativo y no hacia la construcción de un entorno que permita el desarrollo humano de un sociedad en condiciones de igualdad y dignidad.
Lo que se está poniendo de manifiesto no es la conservación de unos privilegios adquiridos sino la defensa de un modelo profesional y de una formación de calidad que permita un desarrollo de nuestras ciudades y entorno comprometido y responsable con la sociedad para la que trabajamos.
Existe la necesidad vital de que los estudiantes tomemos parte en este proceso e iniciemos una campaña de acciones en defensa de nuestro futuro como arquitectos y en defensa de la Arquitectura en sí, para lo que es indispensable en primer lugar exigir no sólo la paralización de este borrador de ley, sino el respeto y el consenso al que se llegó en la promulgación de la Ley de Ordenación de la Edificación por parte de todos los colectivos profesionales implicados en el ámbito edificatorio; y en segundo lugar las más que necesaria modificación del Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (documento que puso en vigor el Espacio Europeo de Educación Superior) que restablezca el título único para la formación del arquitecto en reconocimiento de su singularidad y especificidad y el nombre de Arquitecto en nuestro título universitario.
Para discutir y acordar las acciones a emprender en defensa de nuestro futuro, es fundamental la participación de todos los estudiantes de esta Escuela en la Asamblea de
Estudiantes del martes 26, a las 12.30h en el Salón de Actos
Un saludo,
La Delegación de Estudiantes de la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla
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