NO a la LSP

Manifiesto de la Asamblea de Estudiantes de la ETS de Arquitectura de Sevilla

 

El gobierno está realizando una propuesta de Ley de Servicios Profesionales que elimina la exclusividad que actualmente tienen los arquitectos para realizar proyectos y dirigir obras de usos administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, entrando a compartir estas atribuciones con el conjunto de los ingenieros.

Por la importancia y responsabilidad que significa el ejercicio de la Arquitectura como transformador de la realidad, por el interés colectivo que significa condicionar la forma de vida de las personas en su dimensión social, cultural, medioambiental y económica, y por la apuesta que esta hace en la construcción de un entorno que permita el desarrollo humano de un sociedad en condiciones de igualdad y dignidad; es fundamental la adquisición de una formación universitaria que garantice profesionales con conocimientos y competencias específicas para ejercer esta labor y garantizar la consecución de estos objetivos.

Los Arquitectos tenemos en nuestros Planes de Estudio las materias vinculadas a la realización y ejecución de proyectos arquitectónicos, desarrollando la capacidad de síntesis e integración dentro de un ámbito de conocimientos multidisciplinares que abarcan desde lo técnico a lo social, patrimonial o medioambiental. Las competencias que adquirimos en nuestra formación se reconocen como condición fundamental para el acceso a la profesión regulada de Arquitecto, que conlleva un conjunto de atribuciones profesionales que además implican responsabilidades civiles y penales ampliamente reconocidas por distintas leyes del ámbito Estatal y Europeo.

La Ley de Ordenación de la Edificación establece el margen de actuación para las Ingenierías y Arquitectura en función de la capacitación adquirida en su formación universitaria, dejando claro los campos de actuación específicos para cada una de ellas a través de las reservas exclusivas de actividad. La propuesta de Ley de Servicios Profesionales plantea que ingenieros con competencias en edificación que no tienen una formación específica en materia arquitectónica puedan proyectar y dirigir obras de uso administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

Se liberaliza el ámbito profesional en la Edificación. Las garantías sociales que significaba el ejercicio de la Arquitectura por profesionales cualificados desaparecerán, lo cualitativo será un valor a despreciar frente a lo cuantitativo en la construcción de nuestras ciudades y territorio, primando los valores económicos frente a la construcción de un mundo que contribuya a la mejora de la condición humana. Se acabó la salvaguarda y el control que significaba el Estado en defensa de los intereses de la población. Se acabó lo público, todo es negocio. Esta Ley es la desregularización económica y social en la arquitectura, proceso que hemos venido sufriendo y que su aprobación consolidará. Se nos conduce hacia un escenario exclusivamente especulativo que obvia el bienestar y el progreso de la población, agotando el modelo obsoleto y catastrófico de la burbuja inmobiliaria.

Por tanto, los Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla nos posicionamos:

   – En contra de la Ley de Servicios Profesionales por el ataque que supone a la profesión y a la formación y por degradar nuestro futuro como arquitectos hasta su extinción.

   – Exigimos la modificación del Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en reconocimiento de una rama de conocimiento propia para Arquitectura, independiente de la actual compartida con las ingenierías, y de la figura del Arquitecto como un profesional con un modelo especifico de formación universitaria  habilitante para el acceso a la profesión regulada  mediante un titulo único de 360 ECTS con una categoría académica de máster, y nombre Arquitecto.

Asimismo hacemos un llamamiento a todas las partes afectadas por el cambio del marco legislativo, desde lo profesional a lo universitario, dirigido a un proceso de debate y diálogo transparente y participativo para la construcción de la defensa de la Arquitectura.