Autoras: Margarita Vilar Rodríguez (Universidad de Coruña) y Jerònia Pons Pons (Universidad de Sevilla).
La ruptura política, económica y social derivada de la guerra civil abrió paso a un nuevo periodo histórico para las mutuas patronales de accidentes de trabajo. En la autarquía hubo pocos cambios en la práctica de este seguro, la excepción fue la creación del reaseguro obligatorio de accidentes de Trabajo en 1942. La gestión del seguro continuó en manos privadas (mutuas patronales y compañías) compartido, desde 1933, con la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo. Durante estos años, las mutuas patronales acrecentaron una estrategia de diversificación nacida de la competencia del mercado de los 1930 que se consolidó con la aprobación del Seguro Obligatorio de Enfermedad en 1942. La falta de personal médico e infraestructuras clínicas del Estado favoreció que las mutuas patronales, que sí habían creado un entramado en torno a la asistencia sanitaria en caso de accidente de los trabajadores, se convirtieran en Entidades Colaboradoras del SOE a partir de 1945. Sin embargo, sus balances se resintieron y los déficit se incrementaron, con lo que, tras diez años de colaboración con el SOE, muchas mutuas patronales no renovaron los convenios. Esta etapa finalizará a principios de la década de 1960, momento en que desde los gobiernos tecnocráticos se empieza a cuestionar su papel y la necesidad de incorporar este seguro social en el proyecto de Seguridad Social que por entonces se estaba gestando. Sabemos por algunas informaciones que hubo arduas negociaciones. El resultado: quedaron fuera las compañías mercantiles y las mutuas patronales se convirtieron en Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.