En este sentido, el secretario de la Junta de PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos (CSIF), ha manifestado a Europa Press que han expuesto ante el Vicerrectorado de Ordenación Académica su queja por lo que consideran un procedimiento «no transparente», ante lo cual el equipo de gobierno se ha comprometido a incluir un punto en el orden del día de la Mesa de Negociación del PDI convocada para el próximo lunes al objeto de facilitar el debate de la misma.
Las críticas se centran en la formación de grupos de alumnos -entre cinco y siete-, en lugar de las actuales tutorías individualizadas. A estos estudiantes se les asigna un tutor que da una docencia presencial al grupo por un número de horas igual al 10 por ciento del valor del TFG, por lo que si son seis créditos se imparten seis horas de docencia, o lo que es lo mismo, 0,6 créditos para tutelar cinco o siete TFG: cada trabajo se valora en 0,1 crédito aproximadamente.
«Pedíamos, oyendo a la plantilla, que se incrementase la consideración de horas como tareas dedicadas por los tutores a los TFG, y como respuesta nos endosan de cinco a siete TFG y se computan 0,6 créditos. El estudiante tendrá que realizar, tras estas seis horas docentes grupales, el TFG por su cuenta, y si necesita más apoyo, para eso están las horas de tutorías», lamenta Villarejo-Ramos.
Con esto, añade, solucionan el problema de exceso de créditos en los departamentos «de una manera ficticia, muy similar a la que usaron en Ciencias de la Educación disminuyendo la docencia presencial por crédito». «Que con esto se perjudica al estudiante es evidente, pero eso parece importar muy poco a la universidad», añade.
El proceso se ha iniciado a través de directores de centros, facultades y escuelas. El documento aún no está cerrado y se pretende que los implicados envíen sus aportaciones y sugerencias antes del 30 de marzo a un documento «base, general y flexible», para que con posterioridad los centros puedan elaborar con total autonomía sus normativas internas, según han explicado a Europa Press fuentes de la Hispalense. No obstante, al PDI le vale para sentir lo remitido como «documento enviado no como borrador, sino como normativa, un tema tan importante tenía que haberse tratado con los representantes y no solo con los gestores».
«UN ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA»
En parecidos términos se expresa el estudiantado, con quien la Junta de PDI pretende unir fuerzas en este asunto. En un comunicado consultado por Europa Press, el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) critica que dentro de los propios centros no se ha difundido correctamente la documentación a los departamentos.
«Para más inri, el sector estudiantil no ha tenido en ningún momento acceso a la información acerca de la nueva normativa de manera oficial. Es un hecho que consideramos un grave error por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica el no haber hecho partícipe a toda la comunidad universitaria del debate acerca del documento», lamentan.
Considera el CADUS la forma del desarrollo de este procedimiento «un ataque contra la democracia universitaria, comenzando por una normativa que no recoge el sentir general de los sectores implicados en los Trabajos de Fin de Estudios, continuando por una recogida de propuestas que no se asegura que vayan a ser tenidas en cuenta y finalizando por la falta de socialización de la información a todos los sectores de la comunidad universitaria, tanto el PDI como el estudiantado».
La Delegación del Cadus se reunió de urgencia con el Vicerrectorado de Estudiantes, y en este encuentro se llegaron a varios acuerdos que han sido ratificados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, de forma que el alumnado fuera partícipe de la elaboración de alegaciones al proyecto de normativa: la remisión urgente de toda la documentación necesaria al Cadus, las delegaciones de centro y los claustrales del sector C y la apertura de un nuevo plazo de presentación de aportaciones al documento, que se extenderá una semana a partir del envío del mismo. «Llevaremos a cabo las acciones pertinentes fuera y dentro de la institución para mantener un debate verdaderamente democrático. Entendemos que todos los sectores deben ser partícipes de su replanteamiento y que debemos ser nosotros quienes decidamos bajo qué normativa desarrollamos nuestra actividad académica, independientemente de los deseos del equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla», apostillan.
FUENTE: 20 Minutos
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