Las conclusiones tras la I Jornada de Reflexión, con varias mesas de ámbito nacional, sobre Actuaciones ante el Acoso en la Universidad que el pasado mes de noviembre acogió la Universidad de Sevilla (US), que servirán para mejorar el protocolo de la institución para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo, recogen la importancia de la mejora en las condiciones laborales y el acuerdo existente en no aceptar denuncias anónimas y garantizar la confidencialidad.
Así reza en las conclusiones de la Hispalense, a las que ha tenido acceso Europa Press, respecto a un procedimiento en el cual se remitió a todos los órganos de representación y centros un cronograma de actuación que debe culminar en un texto mejorado del protocolo para su remisión y aprobación, en su caso, al Consejo de Gobierno de la US. De esta manera, la universidad sostiene que debe haber una política universitaria «clara y firme» en relación a la ‘tolerancia cero’ ante el acoso, dentro de un protocolo con finalidad preventiva y que tiene como principal objetivo «restaurar el entorno poco saludable que conllevan las conductas de acoso: no son procesos judiciales, ni procesos administrativos, ni procesos disciplinarios». Aunque hay un acuerdo unánime sobre que el protocolo es una herramienta preventiva y de intervención para proteger y defender los derechos fundamentales de la personas, no existe en cuanto a si deben separarse los protocolos de acoso laboral y de acoso sexual y por razón de sexo, por un lado, y los protocolos cuyo ámbito de aplicación sean los trabajadores frente a los protocolo dirigidos a resolver situaciones de acoso entre la comunidad estudiantil. En cualquier caso, las comisiones que intervengan en un protocolo u otro deben establecer canales de comunicación «fluidos», pues «es difícil encontrar un acoso que no tenga consecuencias en el ámbito laboral, si es en este entorno en el que se da, inclusive cuando afecta al alumnado». Lo importante, se agrega, es tener en ambos enfoques «muy claras» tanto la perspectiva de género (Ley de Igualdad) como la de salud (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), es decir, «una visión integral de la dignidad y salud de la persona».
COORDINACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES
La coordinación y buena comunicación entre los servicios, la inclusión del estudiantado en tanto que colectivo más numeroso de la comunidad universitaria en los protocolos, la adopción de medidas cautelares para «proteger y restaurar la salud individual y ambiental con independencia del ámbito jurídico» o la constitución de las comisiones de evaluación e investigación por personas expertas, interdisciplinares y con conocimiento de la institución universitaria son otros de los puntos reflejados. Se considera también oportuno recurrir a personas asesoras externas y crear un grupo de expertos, que podría ser de ámbito regional, en las universidades a los que se pueda recurrir. Estas comisiones deben tener una formación continua. «Se debe actuar ante una denuncia falsa y con mala fe, pero es difícil demostrarlo», subrayan las conclusiones, que también apuestan por poner en marcha medidas preventivas que sensibilicen y formen en esta materia a la comunidad universitaria y sociedad en general, como una buena evaluación de los riesgos psicosociales, estudios de clima laboral, de campañas de información y sensibilización, formación a toda la comunidad universitaria o desarrollar una red de información y asesoramiento en los campus universitarios. En relación a la solución y medidas adoptadas ante una situación de acoso, es «fundamental» establecer un seguimiento periódico de la ejecución y cumplimiento de las medidas correctoras propuestas y se debe contar con el apoyo de las áreas de gobierno con competencias para aplicar las medidas que se hayan establecido en los informes de conclusiones y con los órganos de representación. Por último, se pondrá especial atención a la salud y la carrera académica y/o laboral de las personas afectadas. Dadas las consecuencias psicológicas y laborales del acoso para las personas que lo sufren, la universidad facilitará los apoyos psicológicos y sociales que estén a su alcance, derivando, si es necesario, a los recursos especializados existentes.
EL CASO DE SANTIAGO ROMERO
A raíz del caso del catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por abusos sexuales contra dos profesoras y una becaria, la Hispalense se encuentra en proceso de ejecución de diferentes medidas, relacionadas con aspectos como la ordenación académica y la reorganización de espacios, al objeto de «mejorar el clima laboral» en el Departamento de Educación Física y Deporte, al que pertenecía el condenado, en cumplimiento del informe elaborado por una empresa externa -medida aprobada por el Comité de Seguridad y Salud- sobre la situación en que ha quedado tras el caso el departamento en sí, más allá de la lógica afección directa sobre las denunciantes. La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) llegó a registrar un escrito dirigido al rector de la institución, Miguel Ángel Castro, solicitando la creación de una comisión de investigación independiente sobre el caso para analizar las actuaciones llevadas a cabo por la Hispalense tras la denuncia de abusos sexuales presentadas por dos profesoras y una becaria de la Educación en 2010 contra el catedrático Romero. La sede académica remitió, de su parte, un escrito a los Decanatos de centros con los cuales adjuntaba un tríptico informativo sobre el protocolo antiacoso, solicitando la divulgación del mismo entre toda la comunidad universitaria. El caso se saldó con la dimisión del por entonces decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Juan de Pablos, al objeto de abrir una «nueva etapa». Alfonso García fue posteriormente elegido como nuevo decano del centro.
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