La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha remitido al Vicerrectorado de Profesorado un escrito en el que urge a la institución a convocar la Mesa de Negociación del PDI, «que no se reúne desde hace meses», al objeto de debatir medidas de mejora laboral ya acordadas por el colectivo.
Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de la Junta del PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, que ya dio cuenta de la celebración de una asamblea plenaria del organismo en la que se expusieron las medidas a elevar de cara a su tramitación con el objeto de lograr mejoras laborales para el colectivo. Una de las iniciativas que se propondrán pasa por la necesidad de promover desde el Rectorado un protocolo de respuesta «inmediata» ante casos de acoso y conflictividad laboral. Explica Villarejo-Ramos que, en muchos casos, este tipo de situaciones «no pasan de una reclamación por parte del interesado», sin que se active protocolo alguno ni se informe a los representantes sindicales». «No hay respuesta inmediata ni se responde a las solicitudes de mediación, lo que de alguna manera desalienta para pedir amparo.
Son muchos pequeños casos, que no tienen por qué ser ‘mobbing’, pero creemos que el rector está obligado a responder», sostiene. Dicho asunto se une a otras muchas reivindicaciones, como la creación de una comisión académica permanente para tratar asuntos relativos a la docencia, la petición de que los representantes sindicales estén presentes en las comisiones de Investigación y Doctorado o que los cargos unipersonales de gestión puedan ser asimilados a cargos estatutarios, «tal y como sucede en otras universidades». La Junta de PDI también reclama su participación en las dotaciones de plazas de profesorado funcionario y el diseño de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la misma forma que se hace con el Comité de Empresa, y el establecimiento de una regularización de las condiciones de trabajo y contractuales de las ‘spin-off’ y empresas vinculadas a través de contrato de base tecnológica, ya que están promovidas por profesores pero sin ningún régimen de control sobre los proyectos y la contratación.
Otro de los asuntos tratados ha sido la preparación de un comunicado público contra el «endurecimiento» de criterios en la mayor parte de las áreas por parte de la Agencia Nacional de Acreditación (Aneca), pues «otra vez se ha puesto el listón muy por encima». «De alguna manera, se veta la posibilidad de promoción de carrera a contratados doctores que quieren ser funcionarios y a titulares que desean ser catedráticos. Queremos instar al rector a ver si a través de la Conferencia de Rectores se puede modificar algo este aspecto o, por lo menos, ejercer alguna presión», ha finalizado.
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